Palabras de Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, para el 3er. Foro Regional en materia de Migración y Protección Internacional
19 de enero de 2018
"Estimadas y Estimados miembros del presídium,
Estimadas, estimados participantes,
Es un placer y un honor estar aquí hoy con Ustedes, junto con mi colega Alán García, quien participará más adelante.
Queremos expresar nuestra satisfacción de ser parte de este evento – un evento que nos parece muy relevante, en sí mismo y como parte de toda una serie de actividades.
Desde la perspectiva de la Oficina del Alto Comisionado, el tema de los derechos humanos de las y los migrantes y de las personas que necesitan la protección internacional es de una importancia creciente – y la conciencia en torno al mismo también sigue creciendo cada vez más, aunque tiene aún mucho camino por recorrer.
De hecho, las y los migrantes y personas que necesitan la protección internacional se encuentran entre las categorías de titulares de derechos que enfrentan más riesgos – no sólo en México, sino también a nivel global. Si me atrevo a decir que son “vulnerables”, lo digo de manera un poco cautelosa, dado que entre ellos encontramos las personas que serían vulnerables en todos los contextos (por ejemplo niños, personas con graves problemas de salud...) pero también muchos otros que sufren la “vulnerabilidad” por haber sido víctimas de delitos en su país de origen, o sólo por su estatus legal... sólo por encontrarse en situación irregular del punto de vista de las regulaciones en materia de migración.
Sabemos, además, que esta irregularidad no se debe confundir con la ilegalidad. Cuando insistimos que “nadie es ilegal” y cuando rechazamos la terminología de migración ilegal y aún más, de migrantes ilegales, no es sólo para evitar la estigmatización de estas personas – es también para enfatizar que no están fuera de la ley, que siguen siendo titulares de derechos, y que entonces el sistema de justicia les debe atender como sujetos, y no sólo como objetos de intervenciones por parte de los servicios de migración.
Por ello nos parece fundamental que se incremente – con eventos como el de hoy – la atención y la conciencia del sistema de justicia hacia este tema. Es un tema donde las verdaderas necesidades de intervención de los sistemas de justicia en México, en la región y a nivel global son probablemente mucho, mucho más dramáticas de lo puede verse en las estadísticas.
Claro, según las estadísticas, los casos llevados a la justicia por migrantes o potenciales beneficiarios de la protección internacional son relativamente infrecuentes; pero esto no debería calmarnos o dejarnos con la impresión (equivocada) que se trata entonces de algo marginal, episódico! Al contrario: como lo han demostrado muchos estudios, la baja frecuencia de casos de migrantes o refugiados en los sistemas tiene que ver con los obstáculos sistémicos en el acceso a la justicia que estas personas enfrentan:
- por la falta de conocimiento por parte de ellas,
- por la falta de información correcta por parte de las autoridades,
- por los persistentes prejuicios en contra de estas personas que se manifiestan por parte de las autoridades y de otros interlocutores,
- por el efecto nefasto de las políticas generales de migración, demasiado enfocadas en la detención y deportación colectiva y acelerada de los migrantes, lo que les empuja hacia la clandestinidad y aumenta el riesgo de caer en las manos del crimen organizado,
- por la falta de canalización de quejas y denuncias hacia las autoridades competentes (como se demostró el año pasado en el informe del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración...)
- y además, cómo lo también demostró dicho informe, por la existencia de varios obstáculos sistémicos a nivel de leyes y prácticas que funcionan como desincentivos para que las y los migrantes o refugiados intenten defender sus derechos en el sistema de justicia: sobre todo, las reglas que les obligan a pasar más tiempo privadas o privados de su libertad si interponen una denuncia, queja o acción legal.
Entonces, nuestro conocimiento (aún imperfecto) de todos estos obstáculos que enfrentan las y los migrantes o refugiados en el acceso a la justicia es un motivo adicional para las y los jueces estén muy atentos a las necesidades de estas personas – y la premiación de hoy debe servir de inspiración y las sentencias premiadas deben volverse emblemáticas e inspirar la actuación de los demás jueces en la región.
Permítanme también mencionar las experiencias de mi Europa nativa. La jurisprudencia del mecanismo regional – la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo – ha jugado un papel preponderante en las mejoras sistémicas: Mencionemos sólo tres casos históricos, con impacto transformador a las políticas de estados miembros del Consejo de Europa:
- MSS contra Bélgica y Grecia (2011), en cual la Corte condenó ambos países, Grecia por las malas condiciones para los solicitantes de asilo y Bélgica por haber deportado los solicitantes hacia Grecia, sabiendo de estas malas condiciones;
- Hirsi Jamaa y otros contra Italia (2012), donde la Corte dictó que retornar a los migrantes interceptados en el mar hacia Libia sin examinar sus casos (de posible necesidad de protección) les expone a malos tratos y constituye una expulsión colectiva;
- Popov y otros contra Francia (también 2012) en cual la Corte dictó que la detención de las familias con niños en un establecimiento que se parece a una cárcel, no puede ser considerada proporcional.
En el hemisferio occidental la jurisprudencia también es rica. La Corte Interamericana, permítanme decirlo, ha gestado un rico acervo ha gestado un rico acervo en materias relativas a derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a solicitar asilo, integridad personal, libertad personal, acceso a la justicia, debido proceso, derecho a la nacionalidad y derechos de las niñas, niños y adolescentes, tanto en su función consultiva y contenciosa. Sin duda su Presidente explicará mucho más sobre su trayectoria.
Para finalizar, quiero reiterar el fuerte compromiso de nuestra Oficina de continuar trabajando para que las instituciones – evidentemente, no sólo el poder judicial, sino también el poder ejecutivo y legislativo! – aumenten su atención a los derechos humanos de las y los migrantes y personas que necesitan la protección internacional, …y para que el pueblo mexicano, que sí tiene una gran tradición de solidaridad, se dé cuenta de la necesidad de proteger no sólo sus compatriotas en los Estados Unidos (amenazados por las políticas cada vez más duras) sino también a los centroamericanos y muchos otros que pasan por México como país de tránsito, o incluso lo escogen como país de destino.
Muchas gracias por su atención"
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